Archivan la causa Rucci por no ser delito de lesa humanidad

Posted on 16 agosto, 2012

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Hernán Cappiello
La Justicia concluyó que es altamente probable que el ex líder de la CGT José Ignacio Rucci haya sido asesinado por un grupo armado de la organización Montoneros, pero entendió que el homicidio no puede ser tipificado como de lesa humanidad y, por lo tanto, no es imprescriptible. En consecuencia, decidió archivar el expediente.
La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, luego de que en 2008 reconoció a la diputada del peronismo disidente Claudia Rucci, hija del asesinado, como querellante. La mujer incorporó nuevas pruebas en la investigación, reunidas en el libro del periodista Ceferino Reato, titulado Operación Traviata, que sostiene la idea de que Rucci fue ejecutado por Montoneros.
Lijo reabrió la causa -que ya había sido archivada tres veces- e investigó nuevamente el asesinato cometido el 25 de septiembre de 1973. Tras la nueva investigación, concluyó: “Por un lado, existen elementos que me permiten afirmar la sospecha de que en la decisión de llevar adelante el hecho participaron miembros de la agrupación Montoneros, como así también las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y, por otro lado, determinadas características comprobadas me llevan a afirmar que, en definitiva, pareciera ser que más que una autoría directa del crimen -o decisión de su ejecución- por parte de Montoneros se trató de una asunción estratégica de su materialidad”.
El juez descartó en su fallo de 123 carillas la hipótesis de que el crimen de Rucci fue ejecutado y decidido por la Triple A, como surge en los primeros cuerpos del expediente.
Una vez que entre todas las hipótesis el juez estableció que la más firme, de acuerdo con sus investigaciones de los últimos cuatro años, es la de Montoneros, entendió que el tiempo transcurrido lleva a que el homicidio se encuentre prescripto.
En ese sentido, analizó las razones por las cuales no puede considerarse un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Entendió que si bien Montoneros tenía el objetivo de quedarse con el poder, y contaba con los medios para realizar las acciones, no tenía un dominio territorial para ser considerado un grupo estatal.
Lijo criticó la investigación de Reato al sostener que algunos datos no se corroboraron, como la existencia de un departamento de la avenida Juan B. Justo al 5700, usado como base de operaciones. “La investigación presentó varios puntos carentes de sustento fáctico, si de ella se pretende adquirir un valor epistémico que sirva a la investigación penal”, escribió Lijo. Reato admitió que supo a último momento que el dato era falso, pero igual lo incluyó en el libro y no lo rectificó en su testimonial, le reprochó el juez.
El magistrado sostuvo que el crimen fue “exclusivamente político”. Rucci fue asesinado de 25 balazos el 25 de septiembre de 1973, cuando salía de su vivienda de la avenida Avellaneda 2953, en Flores, y él y su custodia fueron atacados durante 15 minutos con armas de fuego y explosivos desde una casa vecina donde se infiltraron los autores.
El crimen fue conocido como Operación Traviata -una analogía con esa marca de galletita que tenía 23 agujeritos- y se enmarcó en la disputa que en aquella época tenían Juan Domingo Perón y Montoneros.
Mario Firmenich visitó el día del crimen la redacción de la revista El Descamisado, en la que asumió que el asesinato lo había cometido su organización. Además en las ediciones de junio y julio de 1975 de la revista Evita Montonera-Revista Oficial de Montoneros, se publicó que Rucci fue “ajusticiado” por esa organización por la matanza de Ezeiza, cuando regresó Perón al país.
El juez sostuvo que las constancias de la causa “parecieran indicar que la toma de decisión del asesinato fue dispuesta por unanimidad por los miembros de la Conducción Nacional de Montoneros, integrada por Firmenich, Roberto Quieto, Marcos Osatynsky, Fernando Vaca Narvaja, Horacio Mendizábal, Roberto Perdía, Rodolfo Galimberti, Norma Esther Arrostito, María Antonia Berger y Clemente Yager. Pero no encontró elementos para describir cómo bajó la orden, se planificó y ejecutó.
Sobre el planteo de la participación del gobierno bonaerense en la logística del asesinato, lo que justificaría la intervención estatal y que el caso sea visto desde otra óptica, Lijo señaló: “Las constancias obrantes en la causa no permiten acreditar la utilización de recursos estatales en la planificación del atentado”. Para el juez, el crimen fue por el enfrentamiento de Montoneros con la “burocracia sindical”, que la agrupación identificaba con el líder de la CGT.
LA NACION