Exporta Brasil su combate a los narcos

Posted on 12 septiembre, 2012

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Por Alberto Armendariz
Como su enorme mercado interno resulta cada vez más atractivo para las bandas de narcotraficantes de los países vecinos, la policía federal de Brasil ha comenzado a lanzar incursiones más allá de sus fronteras para destruir plantaciones de coca y marihuana.
Este nuevo giro en la estrategia brasileña , que deja en evidencia cómo el país está asumiendo cada vez más el papel que hasta hace poco cumplían los Estados Unidos en la región, cuenta con el respaldo y la cooperación de los gobiernos involucrados.
“Erradicar las plantaciones es más eficiente que simplemente secuestrar los cargamentos. Están cerca de la frontera con Brasil, o sea, van a abastecer el mercado brasileño”, dijo Oslain Santana, director del Departamento de Combate al Crimen Organizado de la policía federal. De esa manera, defendió que Brasil, en su papel de líder regional, tenga una postura más activa en el combate al narcotráfico, con la mira en los centros de producción. El comisario hizo estas declaraciones a Folha de S. Paulo, el diario que reveló la nueva estrategia brasileña en materia de lucha contra las drogas en una investigación especial publicada ayer.
Según estudios oficiales, el 54% de la cocaína que ingresa en Brasil llega de Bolivia, mientras que el 38% lo hace desde Perú. En tanto, la mayor parte de la marihuana que se consume tiene su origen en Paraguay.
Como en los últimos años se notó en estos países un incremento de las plantaciones cercanas a las fronteras brasileñas, desde 2008 Brasil negocia acuerdos de cooperación antinarcóticos con los gobiernos vecinos, en lo que la policía federal brasileña ya llama “nuestro Plan Colombia“, en referencia a la iniciativa de Estados Unidos en aquel país para luchar contra el tráfico de drogas.
La policía federal tiene firmados tratados con sus pares de Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú para intercambiar informaciones sobre el narcotráfico.
El año pasado, Brasil selló un convenio con el gobierno peruano del presidente Ollanta Humala, que permite el ingreso de agentes brasileños a territorio peruano para destruir plantaciones y laboratorios donde la hoja de coca es transformada en cocaína o en crack.
Según la investigación de Folha, 15 días atrás, unos 35 efectivos de la policía federal con sede en Tabatinga, en el estado de Amazonas, realizaron una misión en suelo peruano -bautizada Operación Trapecio, por la triple frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú- de la que participaron agentes peruanos, colombianos e incluso de la DEA (la agencia antidrogas de los Estados Unidos). Se destruyeron 100 hectáreas de cultivos de coca, que hubieran servido para producir unos 700 kilos de cocaína, y se desmantelaron diez laboratorios.
“No se combate el crimen organizado sólo con trabajo ostensivo. En el caso del narcotráfico, es necesario identificar quién comete el crimen”, dijo el comisario Santana a Folha.
Para el diario, ocupar el espacio que Estados Unidos dejó en la región en cuanto al financiamiento y las operaciones antinarcóticos conlleva serios riesgos en las relaciones con los países vecinos, que ven algo afectada su soberanía.
De hecho, pese a que las autoridades peruanas dieron luz verde al reciente operativo conjunto, Perú no se pronunció oficialmente sobre el tema y los policías peruanos con los cuales habló Folha reconocieron que sienten mucha desconfianza.
Existe otro acuerdo similar con Paraguay, firmado por la administración del ex presidente Fernando Lugo. Aún no fue puesto en práctica, y no se espera que eso ocurra pronto, debido a la tensión generada entre el nuevo mandatario paraguayo, Federico Franco, y el gobierno de Dilma Rousseff, por la condena brasileña al juicio político a Lugo y la suspensión de Paraguay del Mercosur.
En Bolivia, como el gobierno del presidente Evo Morales expulsó a la DEA del país, Brasil consiguió que las autoridades firmaran un convenio para el monitoreo de los cultivos, con ayuda norteamericana. Mientras Estados Unidos financia la tecnología para la vigilancia, ésta es realizada por agentes brasileños que comparten los datos con los bolivianos.
Para Brasil, uno de los mayores desafíos en su lucha contra el narcotráfico lo representan sus extensas fronteras, que suman 16.800 kilómetros, para los cuales sólo cuenta con 1400 agentes de la policía federal.
En junio del año pasado, Rousseff lanzó el Plan Estratégico de Fronteras que prevé un mayor control de éstas para evitar el tráfico de drogas, armas y el contrabando.

Operativos
Como parte del plan, se montó la Operación Permanente Centinela, con la que se pretende tener una mejor coordinación entre las acciones de inteligencia de la policía federal, y los Ministerios de Defensa y de Justicia, con el uso también de aviones no tripulados.
Por otro lado, se programó una serie de operaciones Agata, de carácter puntual y temporario, en las diversas áreas fronterizas, con un amplio despliegue de efectivos, tanto de la policía como de las fuerzas armadas, que permanecen y actúan en las zonas establecidas entre 15 y 20 días. En estos casos, nunca se cruzan las fronteras, aunque observadores de los países vecinos son invitados a participar.
En agosto del año pasado, la Operación Agata 1 tuvo como escenario la frontera con Perú y Colombia; luego, en septiembre, Agata 2 se concentró en las fronteras con la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Más tarde, Agata 3 se desplegó en los límites con Bolivia y Perú, y Agata 4, en la zona norte, en las fronteras con Venezuela, Suriname, Guyana y la Guayana Francesa.
Hace algunas semanas, la última de estas operaciones tuvo lugar otra vez en la frontera del Sur, con la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y participaron unos 10.000 efectivos.
LA NACION